El Senado convoca diez becas de formación archivística, documental y bibliotecaria para 2026
Las becas tendrán una duración de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, con una dotación económica de 1.075 euros brutos mensuales. El Senado dará de alta a los beneficiarios en el Régimen General de la Seguridad Social, aunque sin derecho a desempleo, Fondo de Garantía Salarial ni formación profesional.
Del total de plazas ofertadas, dos estarán reservadas a personas con discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que acrediten su compatibilidad para las tareas asignadas. En caso de no cubrirse, se sumarán al turno libre.
Los solicitantes deberán tener nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, estar en posesión de un título universitario en Biblioteconomía y Documentación, Grado en Información y Documentación, o bien un máster con al menos 200 horas lectivas (o 8 ECTS) en materias archivísticas, documentales o bibliotecarias. Además, deberán haber nacido después del 1 de enero de 1998 y no haber disfrutado de la misma beca en años anteriores, salvo quienes la hubieran obtenido en el último cuatrimestre de 2025.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente por vía electrónica a través de la web del Senado (www.senado.es), utilizando los modelos oficiales incluidos en la convocatoria. El plazo permanecerá abierto hasta las 24:00 horas del 24 de octubre de 2025.
El proceso de selección valorará los méritos académicos y profesionales de los candidatos conforme al baremo publicado, y será resuelto por un jurado designado por la Mesa del Senado, que garantizará la representación equilibrada de mujeres y hombres.
El disfrute de la beca no supondrá relación laboral con la institución. Los beneficiarios deberán dedicar 30 horas semanales a las tareas formativas, guardar confidencialidad sobre la información a la que accedan y presentar una memoria final. Al término de la beca recibirán un certificado acreditativo emitido por la Dirección de Documentación.
Contra la convocatoria cabe interponer recurso ante la Mesa del Senado en el plazo de un mes, y, en última instancia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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